Innecesario en lo bueno, no
trata lo necesario y esconde otros intereses
DNU Nº 525 de De la Sota sobre
libertad de expresión
El decreto de
necesidad y urgencia (DNU) Nº 525, denominado de “Defensa de la libertad de
expresión”, que el gobernador José Manuel de la Sota firmó el viernes 17 de
mayo del corriente año 2013, sigue los pasos de lo decidido por el Jefe de Gobierno
porteño, Mauricio Macri.
Pero cabe
consignar, que existen grandes diferencias entre las facultades de las
provincias y las de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que es una
ciudad potenciada, pero que no tiene el rango institucional de Provincia. Las
provincias como Córdoba, tienen poderes no delegados en materia de prensa, que
no los posee la CABA.
Sin embargo, el
Decreto de De la Sota, es innecesario en lo bueno, no trata lo necesario y
esconde otros intereses.
En primer lugar,
lo que tiene de bueno es innecesario, porque la Constitución de Córdoba, en su
artículo 51, la Constitución Nacional y los pactos internaciones, incorporados
con jerarquía constitucional, son muchos más amplios, completos y generosos, en
materia de libertad de expresión, que lo que dispone el decreto del mandatario
cordobés.
En segundo lugar,
lo que tendría de necesario el decreto, no lo trata. De la Sota no regula el
secreto de profesional periodístico que consagra la Constitución de Córdoba,
algo que se viene reclamando desde hace mucho tiempo. Acompañé, en diciembre de
2003, al Círculo Sindical de la Prensa y de la Comunicación de Córdoba
(CISPREN), a la presentación de una propuesta en ese tema y nunca la
legislatura del primer gobierno de De la Sota, se ocupó de ello. Tampoco el
decreto regula, para la jurisdicción de Córdoba, la “Clausula de Conciencia”;
la doctrina de la “real malicia” o la del “reporte fiel”; el “derecho de
réplica o respuesta” y la “distribución de la publicidad oficial”. Todos estos
temas sensibles en la problemática de la libertad de expresión, que no los
aborda el decreto.
Asimismo, del
decreto de De Sota se desprende, claramente, que está hecho a medida de las
necesidades del Grupo Clarín, en Córdoba. Pretende, entre otras cosas, que en
esta provincia no se aplique la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
26.522, que obliga a tomar decisiones para que no haya concentración
informativa y se respeten el máximo de licencias que puede tener el Grupo. Si
esa fuera la intención, el decreto es inconstitucional. Ello así, porque el
artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, establece que es facultad
de la Nación la regulación de los “espacios audiovisuales”.
Por
último, es llamativo que De la Sota pretenda aparecer como un fundamentalista a
favor de la libertad de expresión, cuando trabó la transmisión de la Televisión
Digital Abierta (TDA), en la Provincia y hasta la fecha, no permite el funcione
la antena instalada en Río IV, dejando a unos 220 mil ciudadanos del sur
cordobés sin ese servicio, propio del derecho a la información. Además, por
ejemplo, su secretario de Prensa Fernando Aimaretto, el año pasado, zamarreó a
la periodista Daniela Abrudsky, de canal 12, medio este del Grupo Clarín,
porque le preguntó a De la Sota, por el diferimiento del pago de los aumentos a
los jubilados y le dijo que no iba a volver a entrevistar al gobernador por no
atenerse a lo que se le autorizó preguntar. Esto motivó un enérgico reclamo al
gobierno del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y del CISPREN. Y este año, la
policía de la provincia detuvo durante unas tres horas, al periodista Juan
Pablo Martínez y el fotógrafo Nicolás Bravo, del diario Día a Día, diario este
también del Grupo Clarín, cuando cubrían una toma de terrenos en barrio Los
Fresnos, en la Ciudad de Córdoba. Se evidencia entonces, además, que cuando se
trata de periodistas, aunque sea del Grupo Clarín, no los respeta como merecen,
y solo se ocupa de los problemas empresarios del grupo.
En
definitiva, el DNU de De la Sota, tiene un ropaje externo edulcorado de defensa
de la Libertad de Expresión, pero sólo para justificar la defensa otros intereses.
Miguel Julio
Rodríguez Villafañe
Periodista
y Abogado Constitucionalista cordobés,
especialista
en Derecho de la Información
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