jueves, 16 de octubre de 2014

Libertad de expresión y el caso Suarez, Santiago del Estero

COMUNICADO DE PRENSA EN EL CASO SUAREZ

Prensa Fiscal Gómez | Octubre 2014

Ante el interés publico y periodístico que se expresa en este caso, el Fiscal General de Tucumán Gustavo Gómez hace saber que los imputados en un primer momento -y procesados luego- en el expediente “Suárez, Juan Pablo, Villagrán Nelson S/ incitación a la violencia” son un caso mas de coerción a la libertad de prensa que afecta a los periodistas argentinos.
No comparte los criterios que sustentan la acusación del Fiscal federal de Santiago del Estero: ni el de extender a los hechos la calificación agravante sancionada por la Ley Antiterrorista, ni la de ser incitadores a la violencia colectiva prevista por el Art. 212 del Código Penal.
Las razones técnicas ante estas circunstancias fueron expresadas ante la Cámara Federal de Tucumán, solicitando que se revoque el procesamiento que afecta hoy a los acusados y se archive la causa.
Sin perjuicio de ello y en subsidio, solicitó además la nulidad de todo lo actuado, por cuanto los allanamientos ordenados no cuentan con resolución de Juez que fundamente y los autorice: los acusados estuvieron diez días presos sin que ningún Tribunal se expida ante su situación de modo inmediato, tal como lo ordena el Código Procesal. Se han ordenado pericias sobre las computadoras y teléfonos celulares secuestrados sin la participación de la defensa, además de hechos varios que, en su largo etcétera, ameritan se inicie una nueva causa penal para analizar los hechos mencionados ante la posible comisión de los delitos tipificados, no solo en el art. 161, sino además en el 248/249 (Abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público); 269 y 272 (Prevaricato).
El artículo 161 mencionado protege un bien jurídico fundamental para la democracia, como lo es la Libertad de Prensa en especial y la de Expresión en general, estableciendo penas que van de un mes a seis meses de prisión.

"Ley Antiterrorista: un fiscal pidió sobreseer al periodista acusado"

"Piden el sobreseimiento del periodista santiagueño acusado por ley antiterrorista"



Antonio Gustavo Gómez - Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

sábado, 11 de octubre de 2014

Hablando de justicia

Denuncias sobre el proceso de designación de jueces

PRENSA Y JUSTICIA: UNA RELACIÓN NECESARIA Y COMPLEJA



LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD, VERDAD Y VEROSIMILITUD

Por María Rosa Di Santo

¿Pueden conciliar sus formas de trabajo la prensa y la justicia?

Cualquiera sea la respuesta, no puede más que partir de la ‘necesidad’ de la relación.

La justicia es uno de los tres poderes del Estado, junto al Ejecutivo y al Legislativo, y como tal está sujeto a las reglas fundamentales del Sistema Republicano. Una de ellas es la publicidad de los actos de gobierno (art. 3 del Pacto de San José de Costa Rica y sus correlativos constitucionales), como apuntaba ayer el Dr. Miguel Rodriguez Villafañe, en su conferencia.

La justicia no está por encima del resto de los gobernantes y los jueces no son más que los gobernados. Cumplen una función clave, específica, principalísima para la vida de todos, pero son tan humanos como el resto. Esto que decimos de los jueces también hace falta decirlo de los periodistas.

Es, entonces, una relación necesaria, pero sumamente compleja básicamente porque prensa y justicia responden a dos lógicas y dos tiempos distintos. Se podrán dar muchos argumentos sobre esto, pero podría ayudar la siguiente distinción: mientras la justicia ‘se para’ en la legalidad, la prensa lo hace desde la visibilidad pública. Y justamente el Poder Judicial es el menos  visible de los poderes, fruto de una antiquísima tradición que se podría sintetizar en  esta máxima (para algunos integrantes del Poder Judicial aún hoy, un dogma): ‘los jueces sólo hablan a través de sus sentencias’.

Lo cotidiano es que entre la ocurrencia de un hecho (la comisión de un delito) y la sentencia, la justicia requiera de tiempos muy largos. Años, normalmente. La gente conoce el hecho inmediatamente, se conmueve ante él (sobre todo si son delitos penales) y luego, siguiendo la lógica judicial, hay un extenso vacío informativo hasta llegar a la sentencia. En términos literarios sería algo así como que te cuenten el conflicto y dejar el final abierto, en la incertidumbre, hasta tanto se conozca la sentencia. Pero como la gente tiende naturalmente a llenar los vacíos informativos con lo que tenga a mano, los largos silencios judiciales mientras se desarrolla la investigación en búsqueda de la justicia dan pasto a las versiones, desde las más simples hasta las más delirantes. Algunas de tales versiones iniciales suelen cobrar más cuerpo, hacerse creíbles, y son las que frecuentemente dan lugar a lo que se llama la ‘condena social’. Hemos vistos condenas sociales en casos muy conocidos, como el asesinato de María Soledad Morales o la desaparición de María de los Angeles Verón.

Cuando el demorado fallo se da a conocer, la gente lo compara con la versión que había logrado consenso y cuanto más se distancia uno de otra, el Poder Judicial más se deslegitima. Porque la condena social se fue transformando en una creencia y al razonamiento judicial le cuesta mucho contraponerle una versión que la discuta. Eso suponiendo siempre que la justicia no se equivoque o no actúe de mala fe, que también pasa (porque los fiscales y jueces son humanos; porque en el ejercicio profesional no siempre son tan eficaces o porque hay en juego intereses inconfesables que tiñen la búsqueda de la verdad jurídica). En La Rioja aún recordamos al ex juez Walter Sinesio Moreno, aquel magistrado de Villa Unión que resultó ser el responsable de asesinar a un empresario por dinero.

Este complejo problema fue abordado en la jornada que organizó Fopea  y La Gaceta en Tucumán el pasado 10 de octubre, en un encuentro de periodistas de toda la región, jueces, fiscales e integrantes de los equipos de prensa de los poderes judiciales jurisdiccionales que tuvo lugar en una de las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán.

La palabra que, a nuestro juicio, fue clave en la relación prensa y justicia fue legitimidad y la trajo a colación una especialista cordobesa de fuste, Carolina Granja. Si la justicia ha buscado tradicionalmente sostenerse en la legalidad, hoy tiene que pensar en la legitimidad. Y aquí se enfrenta con otro problema: la legitimidad se construye a través de la mirada del otro, en este caso sería toda la sociedad civil. Es decir, legitimarnos no depende de lo que pensemos de nosotros mismos, sino de lo que piensen de nosotros y de lo que nosotros continuamente hacemos y mostramos que hacemos para ser evaluados. Esto es lo que Pierre Bourdieu llama el ‘capital simbólico’, un plus que surge del reconocimiento y el prestigio que sólo nos da el otro. Y que es básicamente lábil. Una persona puede pasarse la vida intentando construir prestigio y perderlo en un segundo, para no recuperarlo más en el peor de los casos.

Entre prensa y justicia hay dos verdades en juego. Si la justicia procura alcanzar la verdad ‘real’, lo que realmente ocurrió, la prensa contribuye a construir una ‘apariencia de verdad’, lo que llamamos verosimilitud, aún cuando también tenga que esforzarse en acercarse a la verdad.

Generalmente a la gente no le importa si algo se ha probado, si hay certeza. Si se convence de que algo es de una determinada manera, creerá en ello aunque ese convencimiento no sea el fruto de un procesos sistemático de investigación.  Pasa casi todos los días. Pasó ante la denuncia de abuso contra un profesional de la salud en La Rioja hace pocos días. Pasó cuando un medio denunció que un guardia de la policía riojana tuvo un altercado a los tiros con el hijo del gobernador. Pasa cuando un ministro de economía nos garantiza que si depositamos dólares, cobraremos dólares. Y pasa también en el cotidiano, por fuera de los medios de comunicación. ¿Cuántas veces damos crédito a un rumor que resulta ser falso?

Ahora bien, la versión que gana consenso y se transforma en creencia no ocurre en el vacío, porque las personas seamos simplemente caprichosas. Creemos porque el relato es creíble, tiene apariencia de verdad. Y eso es suficiente. Y lo que lo hace creíble es la historia, el contexto, la cantidad de casos y relatos mentirosos que ya nos han dicho, la costumbre de bastardear la palabra, el desinterés por la confianza en el otro; la constatación de que sólo caen ‘los perejiles’ y de que hay impunidad para un sector de privilegiados.

Una estrategia inteligente de la justicia  para intentar legitimarse sería entablar relaciones de confianza con aquellos periodistas que la merezcan (es decir, entre otras cosas con aquellos periodistas que no están dispuestos a obstaculizar una investigación con tal de dar una primicia, por ejemplo), permitiéndoles seguir el proceso judicial, entre el hecho y la sentencia. Se trata de quebrar el hermetismo, sin arriesgar el trabajo específico. Le toca al periodista valorar qué, quién y hasta dónde se puede decir, que tampoco es fácil. Porque entre los periodistas también se juegan intereses inconfesables; fallas graves de formación y amplios márgenes de error.

En definitiva, la construcción de esta relación “necesaria y compleja” debería partir del diálogo entre dos lógicas, dos maneras de hacer, dos historias diferentes, pero también de una cuestión básica: ambas trabajan por y para la gente, y deben hacerlo lo mejor posible. Por lo que vimos y escuchamos en la jornada, por lo que experimentamos desde el lado del ejercicio profesional del periodismo, el punto de partida debería ser este: pensar. Y para ‘pensar con el otro’ el primer desafío es superar el umbral del sentido común. Y hay demasiado sentido común dando vueltas.