FOPEA a propósito del aniversario de José Luis Cabezas

Estimada Gladys Cabezas

A través de esta carta, el Foro de Periodismo Argentino manifiesta una vez
más su reclamo sostenido para que los asesinos de José Luis Cabezas
regresen a prisión, tal como lo dispusieron distintas resoluciones
judiciales. A 16 años de su asesinato, este hecho, que constituyó el peor
atentado a la libertad de expresión desde el retorno de la democracia en
1983, continúa impune a pesar del enorme repudio social y el compromiso de
periodistas y medios de comunicación en defensa de este derecho y en
reclamo de justicia.

De la misma manera que lo señalamos en ocasiones anteriores, hoy los
asesinos gozan del privilegio de las excarcelaciones pese a haber cumplido
una mínima parte de la condena a perpetua que habían recibido. FOPEA
quiere expresar su repudio a la situación por la que los criminales no
estén en la cárcel y expresa su total solidaridad y acompañamiento a la
familia de José Luis Cabezas, quienes han soportado 16 años de lucha
contra los más diversos poderes.

FOPEA vuelve a exigir, como lo hizo en ocasiones anteriores, que la
Justicia haga honor a su rol en la sociedad y vuelva a encarcelar a los
asesinos de Cabezas, quienes, además, constituyen una amenaza para el
resto de la ciudadanía. FOPEA también le pide a la sociedad que mantenga
viva la memoria de nuestro compañero asesinado por el simple hecho de
cumplir con su rol profesional periodístico brindando información
imprescindible para toda la ciudadanía a través de sus fotografías.

Como cada año, acompañamos este reclamo de la familia y los amigos y
compañeros de José Luis; y su recuerdo en el triste escenario donde lo
mataron

Viernes 25 de enero de 2013
Foro de Periodismo Argentino

Concurso de documentales en América Latina

Al Jazeera lanza concurso de documentales en América Latina

Viewfinder de Al Jazeera, en colaboración con DocMonteVideo, invita a cineastas de América Latina a presentar propuestas de documentales.

Entre los inscriptos se elegirán diez realizadores que participarán de un taller en Uruguay, al término del cual tendrán reuniones individuales con los programadores de Witness, el espacio documental de Al Jazeera. Posteriormente la cadena financiará la producción completa de hasta seis documentales.

Las propuestas deben contar historias personales de empoderamiento que se enfocan en los grandes problemas o los cambios que están teniendo lugar actualmente en América Latina. Las historias pueden enfocarse en la equidad económica, la expresión artística, la vida familiar, la justicia social, la vivienda y la tierra, la migración, el medio ambiente, la salud o la educación.

Al Jazeera aceptará propuestas para documentales HD, 16:9, PAL, de 25 minutos, proyectos en marcha, y proyectos que se pueden financiar en el verano de 2013 y entregar en diciembre de 2013. No se aceptarán propuestas de proyectos ya terminados que buscan distribución.

La fecha límite es el 28 de febrero.

Por más información http://ajeviewfinder.com/es/

Becas de innovación en periodismo

Ofrecen becas de innovación en periodismo

Profesionales de medios de comunicación en todo el mundo pueden solicitar una beca.

El programa de becas, patrocinado por el Donald W. Reynolds Journalism Institute (RJI), está buscando propuestas de personas que tienen ideas innovadoras para mejorar la práctica o la comprensión del periodismo.

Debido a los desafíos financieros actuales para apoyar el periodismo de calidad, RJI tiene este año un interés específico en ideas sobre cómo conectar a los ciudadanos con noticias y publicidad de manera más eficiente, aumentar los ingresos, involucrar a las comunidades y asegurar que la industria está aprovechando las nuevas tecnologías emergentes.

RJI acepta solicitudes de personas dentro y fuera de la industria de los medios y en general selecciona entre cuatro y siete becarios cada año.

El instituto ofrece becas residenciales y no residenciales. Los becarios residenciales pasan ocho meses en el campus de Missouri, aprovechando de los recursos intelectuales y tecnológicos de RJI y de la universidad e interactuando con los profesores y los estudiantes de Missouri. Esos becarios recibirán un estipendio de US$10.000 mensuales más un subsidio único de US$10.000 para la vivienda.

Las becas no residenciales están diseñadas para los empleados de empresas de noticias, tecnología u otros enfoques relacionados que tienen ideas que pueden desarrollar mientras siguen trabajando. Los becarios recibirán un estipendio de US$20.000 para el año más un apoyo para la investigación y los viajes.

La revisión de las solicitudes empezará el 15 de febrero para la clase de becarios de 2013-2014. RJI actualizará el estatus de las solicitudes a partir del 15 de marzo.

Por más información, en inglés, http://rjionline.org/fellowship

Abierta la convocatoria al Premio Roche de Periodismo en Salud en América Latina Con el objetivo de reconocer el talento y el compromiso social de los periodistas latinoamericanos, Laboratorios Roche América Latina lanza la primera edición del Premio Roche de Periodismo en Salud, que cuenta con la Secretaría Técnica de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI). Las inscripciones estarán abiertas desde el 15 de enero hasta el 15 de abril de 2013 en las categorías Periodismo escrito y Televisión y video. El ganador en cada categoría recibirá como premio una beca y todos los gastos pagos para participar en un taller de la FNPI. Además, serán invitados a la ceremonia de entrega del premio, que se realizará en el marco del Roche Press Day, foro educativo de periodismo científico convocado por la farmacéutica, que este año se celebrará en Chile. Para más información sobre el premio, incluyendo las bases, categorías e inicio del proceso de inscripción, visite la página: www.premiorochedeperiodismo.com. Las consultas y las dudas pueden dirigirse a premioroche@fnpi.org. CONVOCAN Secretaría técnica

Becas para periodistas

http://www.worldpressinstitute.org/fellowship.htm

Material original en informes periodísticos

Aparte de que el contenido es interesante, para los periodistas esta new aplicattion que permite llegar hasta los originales de los documentos es valiosísima. Desarrollada por un equipo del diario La Nación a partir de la orientación de una especialista en periodismo de Datos, Sandra CruccianelliPrimer ejemplo

Extienden plazo para presentar trabajos periodísticos

Balance 2012 de Reporteros sin Fronteras: una Hecatombe

Reporteros sin Fronteras
Comunicado de prensa
19 de diciembre de 2012

2012: hecatombe para los actores de la información

El año más mortífero para los periodistas
desde la primera publicación del balance anual de Reporteros sin Fronteras, en 1995

2012 en cifras
88 periodistas asesinados (+33 %)
879 periodistas detenidos/interpelados
1993 periodistas agredidos o amenazados
38 periodistas secuestrados
73 periodistas huyeron de su país
6 colaboradores de los medios de comunicación asesinados
47 netciudadanos y periodistas ciudadanos asesinados
144 blogueros y netciudadanos detenidos 

193 periodistas encarcelados
(registrados hasta el 18 de diciembre de 2012) 

El año 2012 fue particularmente mortífero, el número de periodistas que fueron asesinados en el ejercicio de su profesión se incrementó 33% respecto a 2011. Las zonas más afectadas fueron Oriente Medio y África del Norte (26 muertos), Asia (24 muertos) y África Subsahariana (21 muertos). Sólo el continente americano experimentó una baja –relativa– respecto al número de periodistas asesinados en el ámbito de su ejercicio profesional (15 muertos).

Desde 1995, el balance nunca había sido tan macabro. En estos últimos años el número de periodistas asesinados ascendió a: 67 en 2011, 58 en 2010 y 75 en 2009. En 2007 esta cifra conoció un pico histórico: 87 profesionales de los medios de comunicación fueron asesinados, uno menos que en 2012. Los 88 periodistas que perdieron la vida este año debido al ejercicio de su actividad profesional, fueron víctimas de la cobertura de conflictos armados o de atentados, fallecieron asesinados por grupos ligados al crimen organizado (mafia, narcotráfico, etc.), milicias islamistas o por orden de oficiales corruptos.

“El número históricamente elevado de periodistas asesinados en 2012 se atribuye principalmente al conflicto en Siria, al caos en Somalia y a la violencia de los talibanes en Paquistán. La impunidad de la que gozan los autores de las exacciones favorece que continúen las violaciones a los derechos humanos, en particular al derecho a la libertad de expresión”, declaró Christophe Deloire, Secretario General de Reporteros sin Fronteras.

Al mencionar los atentados perpetrados contra los ‘actores de la información’, se habla en el sentido amplio del término. Así, además de estos 88 periodistas asesinados, se considera a los periodistas ciudadanos y los netciudadanos, que también se vieron gravemente afectados (47 de ellos fueron asesinados en 2012; mientras que en 2011 fueron 5), en especial en Siria. Se trata de hombres y mujeres que ejercen la función de reporteros, fotógrafos o videoastas para documentar la situación cotidiana y la represión. Sin su labor, el régimen sirio podría imponer un silencio total sobre la información en ciertas regiones y continuar con la masacre a puerta cerrada.

Para establecer estas cifras, Reporteros sin Fronteras se basa en datos precisos, recabados a lo largo del año gracias a su labor de vigilancia de las violaciones a la libertad de expresión. En estas estadísticas sólo se incluye a los periodistas y netciudadanos que perdieron la vida en el ámbito de su trabajo informativo. Reporteros sin Fronteras no toma en cuenta a los periodistas o netciudadanos que fueron asesinados en el marco de actividades estrictamente políticas o militantes, en todo caso, que no tengan relación con la gestión informativa.

Existen otros casos sobre los cuales la organización aún no cuenta con los elementos necesarios para determinar su situación, y que siguen en investigación.

	2011	2012	Evolución
Periodistas asesinados	66	88	+33%
Periodistas detenidos	1044	879	-16%
Periodistas agredidos o amenazados	1959	1993	+2%
Periodistas secuestrados	71	38	-46%
Periodistas que huyeron de su país	77	73	-5%
Netciudadanos y periodistas ciudadanos asesinados	5	47	+840%
Netciudadanos detenidos/interpelados	199	144	-27%

Los 5 países más mortíferos para los periodistas

Pese a la aprobación de la Resolución 1738 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que recuerda a los Estados la necesidad de proteger a los reporteros que trabajan en zonas peligrosas, la violencia contra los periodistas continúa siendo una de las amenazas más grandes para la libertad de expresión. En primer lugar, los asesinatos.

Siria, cementerio de los actores de la información
En 2012 fueron asesinados al menos 17 periodistas ciudadanos, 44 periodistas y 4 colaboradores de los medios de comunicación
En Siria, la sangrienta represión emprendida por Bachar el-Assad azotó a los actores de la información, testigos molestos de las exacciones cometidas por un régimen acorralado. En paralelo, los periodistas también fueron agredidos por ciertos grupos armados que se oponían al régimen, cada vez más intolerantes a las críticas y prontos a tachar de espías a los profesionales de la información que no difundían sus discursos. La polarización de la información, la propaganda, los intentos de manipulación, la violencia extrema a la que se enfrentan los periodistas y los periodistas ciudadanos, los obstáculos técnicos registrados, hacen de la labor de recabar y difundir información en este país, un verdadero sacrificio.

Un año negro para Somalia
18 periodistas fueron asesinados en este país del Cuerno de África en 2012
Los periodistas que perdieron la vida en Somalia en 2012 fueron dos veces más respecto a 2009, que había sido hasta entonces el año más mortífero del país. La segunda quincena del mes de septiembre fue particularmente sangrienta: siete periodistas fueron asesinados, dos de ellos en menos de 24 horas; uno fue decapitado, el otro, acribillado a balazos. ¿Los “clásicos”? Asesinatos planificados y atentados con bombas. Los periodistas fueron víctimas de las milicias armadas, los shebab, pero también de los gobiernos locales que intentaban acallar a los medios de comunicación. Les periodistas somalíes trabajan en condiciones espantosas, tanto en la capital, Mogadiscio, como en las otras regiones del país. La falta de un gobierno estable desde hace más de 20 años en este Estado fallido, donde la violencia se ha arraigado y la impunidad es la regla, ha nutrido este macabro recuento.

Paquistán, un periodista asesinado al mes
9 periodistas y un colaborador de los medios de comunicación fueron asesinados: entre la violencia endémica de Beluchistán y las represalias de los talibanes, un terreno minado para los reporteros
Por segundo año consecutivo se registraron nueve muertos en Paquistán, es decir, prácticamente un periodista por mes desde febrero de 2010. De 2009 a 2011 éste fue el país más mortífero para la prensa y Beluchistán continúa siendo una de las regiones más peligrosas del mundo. Con sus zonas tribales, su frontera con Afganistán, sus tensiones con India, su caótica historia política, Paquistán es una de las regiones más complicadas de cubrir. Amenazas terroristas, violencia policíaca, poder sin freno de los potentados locales, peligros inherentes a los conflictos en las zonas tribales, tantos escollos a menudo mortales en el camino de los periodistas.

México, los periodistas en el punto de mira del crimen organizado
6 periodistas asesinados
La violencia –exponencial en seis años de ofensiva federal contra los cárteles– se cierne sobre los periodistas que se atreven a tratar temas relacionados con el narcotráfico, la corrupción, la infiltración de la mafia entre las autoridades locales o federales, y las violaciones a los derechos humanos atribuidas a estas mismas autoridades.

Brasil: detrás del escenario
5 periodistas asesinados
En Brasil la mano del narcotráfico en la frontera con Paraguay aparece claramente como la causa de los cinco asesinatos de periodistas registrados, relacionados directamente con el ejercicio de su profesión. Tres de los periodistas que perdieron la vida habían denunciado la influencia de los cárteles en los sectores políticos y económicos locales; otros dos eran periodistas-blogueros, que en general corren importantes riesgos cuando denuncian la implicación de una autoridad o un caso de corrupción.

Repudio de los delegados gremiales de la prensa por denuncias de Echegaray

Repudio de los delegados de prensa a la denuncia judicial contra @matiaslongoni

Los delegados de prensa abajo firmantes repudiamos la denuncia judicial presentada por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, contra el periodista Matías Longoni
Entendemos que esta judicialización, como la presentada hace una semana por Clarín contra un grupo de periodistas, pretende perseguir la actividad periodística, instaurando el delito de opinión.

La denuncia presentada por el funcionario atenta contra la labor periodística de Matías Longoni, contra la libertad de expresión y es lanzada contra un miembro de la flamante Comisión Gremial Interna de Clarín. Esta denuncia judicial merece nuestro repudio y el de todo el gremio de prensa.

Defendemos la libertad de expresión, la plena libertad de conciencia, el derecho a la información pública y la defensa irrestricta del estatuto del periodista frente a los ataques del estado y de todas las patronales.


Leonardo Villafañe (delegado de El Cronista Comercial) / Ariel Maciel (delegado de Diario BAE) / David Nudelman (delegado de Diario BAE) / Ruben Schofrin (delegado de Perfil) / Gimena Fuertes (delegada de Tiempo Argentino) / Alejandro Wall (delegado de Tiempo Argentino) / Randy Stagnaro (delegado de Tiempo Argentino) / Claudio Mardones (delegado de Tiempo Argentino) / Ezequiel Dolber (delegado de Infonews) / Andrés Carpintero (delegado de Revista 23) / Andrea Salmini (delegada de Diario Crónica) / Marina Giacometti (delegada de Infonews) / Tato Dondero (delegado de Página12) / Irene Haimovichi (delegada de La Nación) / Carlo De Mori (delegado de La Nación) / Sebastian Saldivia (delegado de editorial Atlántida) / Ana Paoletti (delegada de Página12) / Antonio Soriano (Delegado de La Nación / Carlos Liascovich (delegado de Clarín) / Gladys Brotzman (delegada de La Nación) / Daniel Vides (delegado de NA) / Daniel Mecca (delegado paritario de Clarín) / Diego Martínez (delegado de Página12) / Javier Drovetto (delegado paritario de Clarín) / Horacio Bilbao (delegado de Clarín) / Mariano Suárez (delegado de Telam) / Patricio Klimezuk (delegado de Telam) / Raúl Mileo (delegado de Perfil) / Héctor Velazquez (delegado de Perfil) / Ariel Solito (delegado de Grupo de Revistas de La Nación) / Damián Glombovsky (delegado de editorial Publiexpress) / Ana Laura Tornaquindici (delegada de Diario BAE) / Sara Paoletti (delegada Miradas al Sur) / Santiago Magrone (Delegado de agencia DyN) / Susana Grassi (delegada de agencia DyN)

La ADC contra las denuncias de Echegaray

La ADC rechaza las denuncias de Echegaray contra los periodistas Longoni y Majul

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) manifiesta su rechazo por las denuncias civiles millonarias realizadas por el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos Ricardo Echegaray contra los periodistas Matías Longoni y Luis Majul.
 
Las demandas por daños y perjuicios iniciadas por Echegaray muestran claramente que las denuncias ante la Justicia civil pueden tener efectos tan inhibitorios como las denuncias penales por calumnias e injurias, delitos que se encuentran derogados en nuestro país desde fines de 2009. 
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido sobre el potencial efecto inhibitorio presente en los procesos de naturaleza civil. En este sentido, el tribunal sostuvo que "el temor a una sanción civil desproporcionada puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia o, como en el presente caso, publica información sobre un funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso de  autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público".
 
El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos sólo admite responsabilidades ulteriores y bajo estríctos estándares probatorios. La saludable tendencia que se verifica en América Latina de derogación de los delitos de opinión debe encontrar continuidad en el rechazo expreso de las demandas civiles que reclaman indemnizaciones desproporcionadas: ellas tienen, por sí sólas, un efecto inhibitorio que las hace incompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos. 
 
Ver también: Declaración de ADC sobre la denuncia del Grupo Clarín contra periodistas:http://www.adc.org.ar/sw_contenido.php?id=961

El CELS contra las demandas de Echegaray a periodistas

Sobre las demandas millonarias a periodistas

De CELS - Centro de Estudios Legales y Sociales

Ante las informaciones que han tomado estado público sobre la promoción de demandas millonarias de funcionarios contra periodistas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) desea exponer que:
 
-          Hace público su rechazo a la utilización de la vía judicial para la punición y la inhibición de las expresiones, ignorando que las recomendaciones del sistema interamericano reclaman que -previo a la iniciación de acciones judiciales– se requiera la rectificación de aquellas.
 
-          Se pone a disposición de los demandados a fin de, en el transcurso de los procesos judiciales, acompañar ante los tribunales intervinientes por vía de la presentación de memoriales de “amicus curiae”.
 
La actuación del CELS en materia de libertad de expresión ha sentado antecedentes en la derogación del delito de desacato, la despenalización de las calumnias e injurias en casos de expresiones de interés público y en la preservación de la difusión de información de interés público cuando ella es prevalente a la alegación de la protección de la vida privada por parte de funcionarios (casos Verbitsky, Kimel y Fontevecchia). Se encuentra en estos días actuando ante el sistema interamericano reclamando la improcedencia de sanciones económicas y penales por la difusión de expresiones satíricas (Acher, Burundarena, Canal 13) o de informaciones recogidas de fuentes reconocidas (Sanz).
 
Asimismo, ha presentado memoriales de amigos del tribunal en expedientes donde tramitaron acciones de daños y perjuicios y querellas penales invocando y acreditando que, en tales circunstancias, el uso del proceso y el monto del reclamo desconocían el principio de necesidad sentado por las reglas del artículo 13.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y la doctrina de la real malicia receptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Patitó c/La Nación y Schiavi).
 
Es preciso recordar que las responsabilidades ulteriores, en caso de reclamos pecuniarios, están sujetas a que su magnitud no exceda los mínimos imprescindibles en una sociedad democrática, de modo tal de no generar efectos inhibitorios sobre el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de informar.
 
Es jurisprudencia de la Corte Suprema que, para que un funcionario público tenga derecho a la percepción de una indemnización económica, debe demostrar no solo que la información divulgada es falsa, sino que además fue propalada con conocimiento cierto de su falsedad e intención de dañar, o con notoria y reticente despreocupación por la búsqueda de la verdad, faltando a estándares profesionales elementales.
 
 
Del informe 2009 de la relatoría para la libertad de expresión de la CIDH
Páginas 248 y 258 80. En cualquier caso, como se explica más adelante, si se presenta efectivamente un abuso de la libertad de expresión que cause un perjuicio a los derechos ajenos, se debe acudir a las medidas menos restrictivas de la libertad de expresión para reparar dicho perjuicio: en primer lugar, al derecho de rectificación o respuesta consagrado en el artículo 14 de la Convención Americana; si ello no bastare, y se demuestra la existencia de un daño grave causado con la intención de dañar o con evidente desprecio por la verdad, podría acudirse a mecanismos de responsabilidad civil que cumplan con las condiciones estrictas derivadas del artículo 13.2 de la Convención Americana.
 
Finalmente, respecto a la utilización de mecanismos penales, resulta relevante mencionar que tanto la CIDH como la Corte Interamericana han considerado, en todos los casos concretos que han sido objeto de su estudio y decisión, que la protección de la honra o reputación de funcionarios públicos, políticos o personas vinculadas a la formación de las políticas públicas mediante el mecanismo penal —a través del procesamiento o condena penales de quienes se expresan bajo los tipos penales de calumnia, injuria, difamación o desacato— resultaba desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática.
 
109. En particular, el test estricto de necesidad a ser aplicado exige que, en todo caso, el Estado escoja para reparar el daño los medios menos costosos para la libertad de expresión. En tal medida, en primer lugar, se debe apelar al derecho de rectificación o respuesta que está consagrado expresamente en el artículo 14 de la Convención Americana. Sólo en caso de que ello sea insuficiente para reparar el daño que se ha causado, podrá apelarse a la imposición de responsabilidades jurídicas más costosas para quien abusó de su derecho a la libertad de expresión, y con ello generó un daño cierto y grave sobre derechos de otras personas o bienes jurídicos especialmente tutelados por la Convención Americana.

Matías Longoni y las irregularidades que habría cometido Echegaray en la ONCCA

El fruto de la investigación periodística de Matías Longoni, por la que acaba de ser denunciado por el principal responsable

Ampliación de comunicado de FOPEA por ampliación de denuncia a otro periodista

FOPEA RECHAZA DENUNCIAS DE RICARDO ECHEGARAY CONTRA 

LOS PERIODISTAS MATÍAS LONGONI Y LUIS MAJUL

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechaza las denuncias civiles por "daños y perjuicios" realizadas por el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos Ricardo Echegaray en causas diferentes contra los periodistas Matías Longoni, del diario Clarín, y Luis Majul, de Radio La Red y América TV. El funcionario además reclama a cada uno una indemnización millonaria de 1.337.167 pesos.

Es una contradicción grave que un funcionario de un gobierno que promovió la despenalización de las calumnias e injurias inicie dos acciones judiciales civiles tan abusivas contra periodistas, agravada además porque en el caso de Longoni no incluye al diario Clarín y a la Editorial Planeta en su demanda seguramente para hacer todavía más penosa y solitaria para el periodista su defensa.

De acuerdo a lo que pudo averiguar FOPEA, Echegaray enmarca sus demandas como parte de una campaña mediática para "desprestigiar" su figura. En el caso de Longoni, el periodista realizó una serie de investigaciones en Clarín sobre negociados en el otorgamiento de subsidios por parte de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONNCA), organismo estatal que dirigió Echegaray hasta 2008. Además, recientemente publicó el libro Fuera de Control, donde amplió sus investigaciones sobre el funcionario.

Ya en 2010 FOPEA denunció el hostigamiento judicial por parte del titular de la AFIP contra Longoni.http://bit.ly/YPInE6 . En aquel momento Echegaray informó a los medios que iniciaría una demanda civil por "daños y perjuicios" contra Matías Longoni. El periodista fue citado a varias audiencias de conciliación que no prosperaron, debido a que el funcionario planteó que había un plan sistemático para desprestigiarlo y no se pudo llegar a un acuerdo.

En el caso de Majul, la denuncia se relaciona con la acusación del periodista acerca de las presiones fiscales contra su productora televisiva por parte de la AFIP. En junio de 2011 el periodista y conductor denunció ante Fopea, ante la justicia y entidades gubernamentales y no gubernamentales una persecución por parte de la AFIP, por lo cual hizo una denuncia en la justicia por coacción agravada y abuso funcional.

Majul declaró ante la justicia el 5 de abril de 2011, presentando todas las pruebas que tenía en su poder, incluyendo el video de una cámara oculta en el que un alto funcionario de la AFIP le reconoce que el titular de dicho organismo, Ricardo Echegaray, dio órdenes expresas de “mandar a penal a La Cornisa, Clarín y Perfil”.

FOPEA se solidariza con Longoni y Majul, y reclama a Echegaray que retire sus denuncias, que están radicadas en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 55, a cargo de Hernán Lieber, y en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 16, ambos de la Ciudad de Buenos Aires.

FOPEA estuvo y está en contra de las acciones judiciales para limitar o penalizar la libertad de expresión, y así lo ha señalado en varias oportunidades. De hecho, manifestó su opinión a favor de la despenalización de las figuras de calumnias e injurias, incluso mucho antes de que se haga efectiva su supresión legal, lo que celebramos. También hemos planteado la necesidad de limitar los montos de las demandas civiles por calumnias e injurias contra periodistas, algo que muchas veces intenta actuar como un silenciador de voces, a través de las presiones económicas que implican querellas de este tipo.

Foro de Periodismo Argentino

Miércoles 5 de diciembre de 2012

Millonaria demanda de un funcionario sospechado de corrupción

 

FOPEA RECHAZA DENUNCIA DE RICARDO ECHEGARAY

CONTRA EL PERIODISTA MATÍAS LONGONI

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechaza la denuncia civil por “daños y perjuicios” por el titular de la Administración Federal de Ingreso Públicos Ricardo Echegaray, contra el periodista Matías Longoni, del diario Clarín. El funcionario además reclama una indemnización millonaria de 1.337.167 pesos.

Es una contradicción grave que un funcionario de un gobierno que promovió la despenalización de las calumnias e injurias inicie una acción judicial civil tan abusiva contra un periodista, agravada además porque no incluye al diario Clarín y a la Editorial Planeta en su demanda seguramente para hacer todavía más penosa y solitaria para el periodista su defensa.

De acuerdo a lo que pudo averiguar FOPEA, Echegaray enmarca su demanda como parte de una campaña mediática para “desprestigiar” su figura. Longoni realizó una serie de investigaciones en Clarín sobre negociados en el otorgamiento de subsidios por parte de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONNCA), organismo estatal que dirigió Echegaray hasta 2008. Además, recientemente publicó el libro Fuera de Control, donde amplió sus investigaciones sobre el funcionario.

Ya en 2010 FOPEA denunció el hostigamiento judicial por parte del titular de la AFIP contra Longoni.http://bit.ly/YPInE6 . En aquel momento Echegaray informó a los medios que iniciaría una demanda civil por "daños y perjuicios" contra Matías Longoni. Longoni fue citado a varias audiencias de conciliación que no prosperaron, debido a que el funcionario planteó que había un plan sistemático para desprestigiarlo y no se pudo llegar a un acuerdo.

FOPEA se solidariza con Longoni y reclama a Echegaray que retire su denuncia, que está radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en los Civil 55, a cargo de Hernán Lieber.

FOPEA estuvo y está en contra de las acciones judiciales para limitar o penalizar la libertad de expresión, y así lo ha señalado en varias oportunidades. De hecho, manifestó su opinión a favor de la despenalización de las figuras de calumnias e injurias, incluso mucho antes de que se haga efectiva su supresión legal, lo que celebramos. También hemos planteado la necesidad de limitar los montos de las demandas civiles por calumnias e injurias contra periodistas, algo que muchas veces intenta actuar como un silenciador de voces, a través de las presiones económicas que implican querellas de este tipo. 

Foro de Periodismo Argentino

5 de noviembre de 2012

Derecho ciudadano al acceso a la información pública

La Corte Suprema reconoció el derecho de los ciudadanos de acceso a la información pública

El Máximo Tribunal ordenó al PAMI brindar información que había sido requerida por una ONG. Sostuvo que pesa sobre el Estado el deber de informar y que los ciudadanos tienen el derecho de conocer la manera en que sus gobernantes se desempeñan

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó este martes al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados – PAMI brindar información relativa a su presupuesto del 2009 de publicidad oficial, así como su distribución en mayo y junio de ese año, que había sido requerida por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). Sobre la base del derecho constitucional que tiene todo ciudadano de acceso a la información pública, el Máximo Tribunal –con la firma de todos sus ministros- rechazó un recurso extraordinario que había presentado el PAMI contra un fallo de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal que hizo lugar a la acción de amparo iniciada por la ONG. En el caso, el PAMI había apoyado su rechazo a brindar la información requerida al entender que el decreto 1172/03, que regula el acceso a la información p ública, no les es aplicable pues se refiere a las instituciones que forman parte del Estado, lo que no es su caso, a partir de que posee personalidad jurídica e individualidad financiera legalmente diferenciada de este último. Según el fallo del Alto Tribunal, el alcance dado a la legislación federal que menciona el fallo de Cámara para exigir al PAMI que brinde la documentación solicitada por la asociación “resulta razonable y deriva del derecho de acceso a la información pública que tiene todo ciudadano de conformidad con los artículos 1, 14, 16, 31, 32, 33 y art. 75, inciso 22, de la Constitución Nacional”. Asimismo, dijo que idéntico razonamiento merece el alcance supletorio del decreto 1172/03 con respecto al PAMI, “con fundamento en la naturaleza jurídica de la institución y relevancia de los intereses públicos gestionados y en la indudable interrelación de este último con el Estado Nacional”. “Aun cuando el recurrente no posea naturaleza estatal, dadas sus especiales características y los importantes y trascendentes intereses públicos involucrados, la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa derechos que son reservados –como se verá- a cualquier ciudadano, en tanto se trata de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y a la publicidad de gestión de gobierno, pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática”, aseguró. En ese marco, recordó que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. IV) y por el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamer icana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Así, indicó, el reconocimiento del acceso a la información como derecho humano ha ido evolucionando progresivamente en el derecho internacional, y que la importancia de esta decisión internacional consiste en que se reconoce el carácter fundamental de dicho derecho en su doble vertiente: como derecho individual de toda persona descrito en la palabra “buscar” y como obligación positiva del Estado para garantizar el derecho a “recibir” la información solicitada. “El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona a conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan”, agregó. En cuanto a la legitimación pasiva, en base a lo expresado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “para que los Estados cumplan con su obligación general de adecuar su ordenamiento interno con la Convención Americana en este sentido, no sólo deben garantizar este derecho en el ámbito puramente administrativo o de instituciones ligadas al Poder Ejecutivo, sino a todos los órganos del poder público”. “Dicha amplitud supone incluir como sujetos obligados no solamente a los órganos públicos estatales, en todas sus ramas y niveles, locales o nacionales, sino también a empresas del Estado, hospitales, las instituciones privadas o de otra índole que actúan con capacidad estatal o ejercen funciones públicas”, añadió. Por otro lado señaló antecedentes de la propia Corte en torno a la libertad de prensa y a la publicidad oficial. Sobre esa base, afirmó, “se pude señalar que, dadas las circunstancias fácticas de la causa, no resulta razonable la negativa del recurrente a brindar la información o a brindarla en forma incomplet a, pues la petición de la asociación actora cumple con las pautas internacionales antes señaladas y con el alcance dado al decreto n° 1172/03”. Cabe recordar que en esta causa la Corte había convocado a una audiencia pública, que se realizó el pasado 22 de noviembre.

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