EL INVIERNO RIOJANO LLEGÓ CON DESCONCIERTO

La Rioja, 25 de junio de 2016

ENTRE LA GRIPE A, EL RECESO INVERNAL, LOS SUELDOS Y LA INTERNA PERONISTA,

CON MENEM INCLUIDO

 

 El invierno trajo desconcierto a la provincia de La Rioja. El confuso alcance de la Gripe A, 

 

marchas y contramarchas sobre el receso invernal, un aumento de sueldos públicos que vendrá pero nadie sabe de cuánto y en medio la interna peronista, con Carlos Menem incluido, alimentaron la incertidumbre.

El Ministerio de Hacienda confirmó que con los sueldos de 

 

julio, que los trabajadores públicos percibirán en agosto, 

 

vendrá liquidado un aumento salarial en blanco, pero "en breve" 

 

se conocerá el porcentaje, dijo el titular de la cartera 

 

Ricardo Guerra.

Con sueldos entre los más bajos del país, el Estado como motor 

 

de la economía local y aumentos tarifarios muy altos, la 

 

novedad tuvo un impacto escaso entre la población que, según 

 

mediciones, es pobre en alrededor de un 50 por ciento.

A la par, el jueves pasado la Legislatura dispuso por ley 

 

ampliar el receso invernal administrativo, normalmente de 15 

 

días en julio, para que se inicie el próximo lunes en lugar del 

 

11, como estaba previsto oficialmente.

Pero el gobernador Sergio Casas emitió un decreto el viernes 

 

por el cual fija esa fecha en el próximo 4 de julio, sin 

 

prestarle atención a la ley.

Lo cierto es que la ampliación sólo tiene vigencia para la 

 

población que se encuentra entre los "grupos de riesgo" de 

 

contraer Gripe A, en general afectados por enfermedades 

 

crónicas y embarazadas.

Entre cruces informativos, el Ministerio de Salud negó que la 

 

Gripe A sea una epidemia y el Ministerio de Educación informó 

 

que las vacaciones escolares se cumplirán dentro de lo 

 

previsto, a partir del 11.

Sin embargo, las autoridades educativas anunciaron que desde el 

 

próximo lunes "no se computarán las ausencias de alumnos en las 

 

escuelas de todos los niveles" si presentan certificados 

 

médicos. 

También se programarán las fechas de exámenes y los docentes 

 

están cubiertos por el decreto en cuestión, 842, para pedir 

 

licencias especiales por afecciones respiratorias pero "el 

 

Ministerio de Educación no suspenderá el dictado de clases ni 

 

adelantará las vacaciones de invierno".

El último dato oficial sobre Gripe A dice que hay 42 pacientes 

 

afectados, 4 graves y uno fallecido sobre unos 350.000 

 

habitantes.

Mientras tanto las temperaturas son muy bajas, llueve y nieva 

 

en la provincia, según la zona, y la interna del peronismo, 

 

partido gobernante, sigue con la misma intensidad entre los 

 

seguidores del gobernador Sergio Casas y los del vicegobernador 

 

Néstor Bosetti, quien maneja la mayor parte de la Cámara.

Hasta se habla de Carlos Menem de nuevo, como siempre que el 

 

oficialismo piensa cómo evitar ser derrotado en futuras 

 

elecciones.

Hay quienes dicen que el próximo 2 de julio, cuando el ex 

 

presidente cumpla 86 años, se le organizará una fiesta y el 

 

regalo será postularlo el próximo año para que siga ocupando 

 

una banca en el Senado de la Nación.

PROHIBIR LA PUBLICACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL BLANQUEO DE CAPITALES AFECTA LA LIBERTAD DE PRENSA

Pronunciamiento de FOPEA sobre la prohibición de publicar información sobre evasores que se beneficien con el blanqueo de capitales

Opinión del Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe: 

Me parece muy acertado y a tiempo el comunicado de FOPEA en el tema del artículo 85 del proyecto de Ley de Blanqueo, porque afecta la libertad de prensa. En el mismo se dice:

“Los magistrados, funcionarios judiciales o dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, los declarantes del Título I del Libro II de la presente y terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal. Los terceros mencionados precedentemente incurrirán, además, en una multa igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o información se hubiera revelado o divulgado”.

                    En este tema cabe recordar la ley de procedimientos tributarios 11.683 vigente tiene referencias similares y que a causa de ello se procesó al periodista “Bonelli”.

                    Sin embargo, y para bien, tenemos que tener en cuenta que, en el caso, la Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Sala II determinó que no cabía procesar penalmente al periodista Marcelo Bonelli, como lo había hecho el juez de primera instancia.

                    El juez de primera instancia había considerando que le era aplicable al periodista la ley de procedimientos tributarios 11.683 que, -en su parte pertinente-(similar a lo que dice el art. 85 del anteproyecto), establece que aquellos terceros que divulguen o reproduzcan las informaciones a que se refiere tal normativa, serán pasibles de la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal.

                    Ante ello, el Tribunal de segunda instancia sostuvo que “la expresa imposición del secreto fiscal de la ley, mantenida incluso en el tiempo a pesar de las numerosas reformas que sufriera, encuentra su fundamento -si bien legítimo- en la protección de la recaudación garantizando la confidencialidad de los datos aportados por los obligados. Tal criterio parece razonable en razón de aquellos funcionarios y empleados vinculados justamente con la recepción, manejo y elaboración de la información, así como también respecto a los terceros que accedan a ellas en razón de una tarea específica, mas la extensión de la restricción a cualquier `tercero´ de ningún modo puede ser limitada, de modo de entenderse como una previsión de carácter absoluto e indiscriminada que atenúe o reduzca aquellos derechos fundamentales que fueran reconocidos por nuestros más altos cuerpos normativos, pues como se dijo, las normas deben ser interpretadas conforme los principios constitucionales, de modo tal que armonicen con ellos, (ver C.S.J.N., Fallos: 296:22, 302:1600, 310:937 y 1012, y 312:111, entre muchos otros). Ello se manifiesta de un modo más evidente aun si, como en el caso, pretende abarcarse con la misma prohibición y entre los terceros indiscriminados a los periodistas, puesto que la tarea específica y propia de la profesión que deben cumplir es justamente la de dar y recibir información. La necesidad de cualquier restricción al ejercicio de la libertad de expresión debe hallarse fundamentada en un interés aún mayor que aquel derecho que pretende limitarse, pues debe encontrarse asentado en motivos de suficiente magnitud como para permitir tal injerencia. Desde tal punto de vista, resultaría contrario a nuestros principios constitucionales entender la disposición del art. 101 de la ley en cuestión como una norma de carácter absoluto que imponga el deber de mantener secretos a cualquier persona ajena al ámbito de creación de los datos protegidos y, menos aún, a quien en ejercicio de los derechos referidos y sin razón plausible para hallarse dentro de la prohibición, diera a publicidad la información. Lo contrario importaría afirmar que la intención del legislador ha sido la de ir más allá de lo autorizado por la ley suprema, restringiendo aquellos principios, garantías y derechos que la misma tutela”, (Cámara Nacional Criminal y Correccional Federal con sede en Buenos Aires- Sala II – fallo de fecha 17/07/2001, en la causa 102551 - "Bonelli, Marcelo y otros".

                    El criterio de la justicia argentina ha sido sustentado, en igual sentido, en una declaración conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión Frank LaRue y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Catalina Botero Marino, que se emitió sobre el caso de “Wikileaks”, el 21 de diciembre de 2010. En dicha declaración, en lo que aquí importa, se dijo, que “Es responsabilidad exclusiva de las autoridades públicas y sus funcionarios mantener la confidencialidad de la información legítimamente reservada que se encuentre bajo su control. Las otras personas, como los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil, que tienen acceso y difundan información reservada por considerarla de interés público, no deben ser sometidas a sanciones por violación del deber de reserva, a menos que hubiesen cometido fraude u otro delito para obtenerla… Los mecanismos periodísticos de autorregulación han contribuido significativamente a desarrollar buenas prácticas sobre cómo abordar y comunicar temas complejos y sensibles. La responsabilidad periodística es especialmente necesaria cuando se reporta información de fuentes confidenciales que puede afectar valiosos bienes jurídicamente protegidos como los derechos fundamentales o la seguridad de las personas. Los códigos de ética para periodistas deben contemplar la necesidad de evaluar el interés público en conocer la información. Dichos códigos también resultan de utilidad para las nuevas formas de comunicación y para los nuevos medios, los cuales deben adoptar voluntariamente buenas prácticas éticas para asegurar, entre otras cosas, que la información publicada sea precisa, presentada imparcialmente, y que no cause daño sustancial y desproporcionado a bienes jurídicos legítimamente protegidos por las leyes como los derechos humanos”, (Ver punto 3 y 6, de la Declaración Conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión Frank LaRue y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Catalina Botero Marino, que se emitió sobre el caso de “Wikileaks”, del 21/12/2010, en Internet: http://www.cidh.oas.org/relatoria /showarticle.asp?artID=829&lID=2 ).

                    Estimo que lo que apunto ayuda a la discusión en el tema y autorizo, citando la fuente que se hagan conocer estos razonamientos que, por otra parte tengo puestos en mi libro “Libertad de Expresión y Periodismo en el siglo XXI”, (editorial de la Universidad Nacional de Córdoba).