Sobre la #leydemedios, larga explicación para periodistas
31
10
2012
Hace unos días envié al Foro de Periodismo Argentino (Fopea) –al que orgullosamente pertenezco- el texto que sigue a continuación. Se trata de una explicación extensa (escrita a última hora, después de un cierre trabajoso) y poco estructurada acerca de lo que a mi entender está ocurriendo en el debate público sobre la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Aquí lo comparto a pedido de algún amigo.
A la ley de medios no sólo hay que leerla, también hay que entenderla y ponerla en contexto. Y sobre todo, hay que salir del debate chiquito que se propone “¿Qué va a pasar el 7D?” para ir a uno más grande, más amplio y de cara al futuro (pero no el futuro del mes próximo, sino el de los próximos cinco a diez años).
Para mí, el tema es mucho más amplio, tiene que ver directamente con la libertad de expresión y no solamente con cuestiones patrimoniales de algunas empresas. Tiene que ver con la convergencia digital y el futuro de la comunicación. Y tiene que ver con el periodismo que no hacemos por no entender y centrarnos sólo en la pelea de un Gobierno contra una empresa o de una empresa contra un gobierno, como fuere.
Este texto va a ser largo. Pero me parece importante señalar algunas cuestiones básicas (procurando que sean más hechos que opiniones, aunque eso es sólo una intención).
Nos confunden cuando hablan de licencias y las equiparan a medios, y peor cuando se mezclan las frecuencias: las licencias son permisos administrativos necesarios para contar con medios audiovisuales, en general están vinculadas a frecuencias (un “espacio” en el espectro radioeléctrico por el cual el medio emitirá si es que requiere espectro, como la TV abierta, las AM y las FM).
Clarín no tiene 300 medios, ni 300 frecuencias, tiene 300 licencias, de las cuales más de 260 –y estoy citando de memoria- son licencias de cable (que no ocupa espectro como su nombre lo indica). Una licencia de cable por localidad (a veces dos, fruto de aquella fusión aprobada por Néstor Kirchner). Además, cable es distribución; medios (canales de TV, radio y señales de TV paga) refiere a contenidos. En el mundo, las restricciones a la cantidad de licencias se aplican al espectro que es limitado y es considerado propiedad del Estado (como los ríos, el mar o el espacio aéreo), no al cable (porque el único límite a la instalación de cables es la barrera económica para hacerlo; no hay impedimentos naturales o físicos)
Si hablamos de medios, Telefé tiene más canales de TV abierta (9) que Clarín (4), y Moneta-Garfunkel tiene más radios (8 o 9, quién sabe bien, contra cinco o seis de Clarín, entre las que destacan Radio Mitre, Radio Mitre Córdoba y La 100). Si hablamos de señales de TV paga, los programadores oligopólicos son Fox, Turner y Disney (a los que no se les aplica si quiera cuotas relevantes de contenido nacional: apenas deben destinar el 0,5% de la facturación total anual a comprar contenido nacional pero sólo aquellos que emitan cine en más del 50% de sus programas).
Y, finalmente, si hablamos de uso de espectro, en el área metropolitana de Buenos Aires el que más espectro de TV -por ejemplo- tiene asignado es Telecentro (y ahí cerca, Antina). Ese espectro es usado para dar TV paga inalámbrica. Mientras Clarín tiene un canal (13) y Telefe tiene otro (11), Telecentro (Alberto Pierri, ex presidente de la Cámara de Diputados en los 90), tiene 1 (el 26, que usa para su señal abierta –algo que pocos saben- Canal 26, y 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 y 69, para su servicio pago).
El espectro en radio está colapsado completamente y Afsca no ha demostrado tener un plan técnico (que debería confeccionar junto con la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). ¿Cómo se va a cumplir el 33% del espectro para entidades sin fines de lucro si en el área metropolitana no entra ni un alfiler en el espectro?
A juzgar por el tratamiento que recibe, por ejemplo Radio Cooperativa (una radio completamente ilegal, que usurpa una frecuencia que es canal libre internacional y que consiguió cuando a la radio que la usaba –también floja de papeles- se “le cayó” la antena…) no parece que haya intención de cambiar ese contexto en el corto plazo. No hubo en ese sentido ninguna medida. En esa radio (por citar sólo un caso -podría escribirse un libro sobre este tema-) la agencia estatal Télam tuvo un programa durante años y aún es responsable del espacio agropecuario. Aclaro: Radio Cooperativa NO ES una cooperativa.
En la ley de medios también hay cuestiones de mercado que no fueron contempladas durante el proceso de debate de la norma, aunque ya se señalaban en ese momento. ¿Por qué no se habló más del concurso que durante más de un año prometió 220 nuevos canales de TV? Porque sólo había 50 interesados para 220 canales, 14 de los cuales (si no recuerdo mal) iban a estar en Buenos Aires. Es habitual escuchar a los canales actuales decir que no es rentable la TV abierta (con sólo cinco canales) y si se analizan los números de pauta oficial (que marcan una fuerte inversión estatal en varios de ellos) podrían tener razón.
Desde el punto de vista tecnológico (y de la convergencia digital) el tope de 24 licencias de cable en todo el país es tan absurdo como la prohibición de que las empresas de telecomunicaciones (como las telefónicas) puedan dar TV paga. En eso, el marco regulatorio argentino atrasa años de años. En Brasil, después de cinco años de debate, se sancionó una ley de TV paga que impulsa la penetración del cable (quieren que más hogares se conecten a la TV paga) porque junto con el cable (o apenas detrás) llega Internet y con banda ancha, llega la educación, el desarrollo económico y la posibilidad de un nuevo ejercicio de las libertades políticas. El brasileño no es necesariamente el modelo a seguir, pero es una experiencia cercana, sudamericana. Hay mucho –cada vez más– para mirar alrededor.
Para desmonopolizar en serio, las telefónicas deberían poder dar TV paga y los cables dar telefonía sin limitaciones. Y ambos deberían poder competir por espectro para movilidad (básicamente para Internet móvil). Si de verdad se quisiera desmonopolizar, Afsca ya debería haber autorizado a nuevos oferentes de TV satelital (como Tu Ves HD, que no tiene impedimentos legales para dar el servicio en nuestro territorio). Para desmonopolizar, no hace falta destruir. Y si se quiere destruir no es precisamente para democratizar.
Además hay otra cuestión: la ley permite a Afsca “la trampita” de la extensión de licencias, que si se usa de manera igualitaria para todos los oferentes no sería problema. La experiencia indica que a algunos operadores se les exige una licencia por localidad mientras a otros se les extiende la licencia de su área de origen a áreas vecinas, siempre que las vecinas tengan menos población. Telecentro (que tiene el monopolio del triple play en el área metropolitana, y esto no es una opinión) extendió su cobertura a medio conurbano con la sola licencia que tiene para operar en La Matanza. Esa licencia “extendida” le sirve para otros partidos del conurbano (porque ninguno es más poblado que La Matanza) pero no para la Capital Federal. A mi me parece bien que Telecentro se extienda y compita con Cablevisión y las telefónicas, de hecho fui cliente de Telecentro siempre que pude, pero eso no me impide ver que la ley no está siendo pareja. Lo mismo puedo decir de una empresa (Gigared) que da servicio de cable DESDE Capital a Santa Fe, Paraná, Corrientes, Resistencia y Posadas con una red que arranca en el barrio Belgrano, pero que no puede dar TV paga en la ciudad porque Mauricio Macri no le da los permisos municipales para soterrar los cables o de uso de espacio aéreo para colgarlos.
Cuando exponen sobre la ley de medios, los abogados (y no pocos teóricos de la comunicación) se centran en el texto legal (en lo que ordena, dispone y demás), y la realidad los cachetea con incumplimientos deliberados de ese texto por una y otra parte, con artículos clave que no fueron reglamentados y, lo que es más importante, con algunos datos de la realidad que indican que la ley no podrá ser aplicada tal como está redactada (por ejemplo, la prohibición de que un mismo licenciatario emita más de un contenido por área geográfica en TV abierta: hoy la tecnología permite que, compresión digital mediante, por el canal 13 o el canal 11 se puedan emitir dos, tres, cuatro y tal vez hasta seis contenidos; de hecho en transmisión de prueba así lo están haciendo Telecentro -Canal 26 HD y Telemax- y América -América HD, A24-, alguno de los cuales incluso transmite One Seg para móviles. ¿Para cumplir con la ley de medios vamos a dejar de usar el espectro, un recurso limitado? ¿No era que se buscaban más voces? ¿O habrá que repartir el canal en varios segmentos y las licencias ya no serán para uso de frecuencias sino para uso de fragmentos de frecuencias?
En otras palabras, muchos abogados terminan hablando de teoría del derecho, mientras la realidad se les muere de risa en la cara.
Es más, todo el desarrollo que el Estado está haciendo en materia de televisión digital abierta no cumple el nuevo marco regulatorio, que impide expresamente muchas de las cosas que se están haciendo con la coartada legal de que la ley de medios permite la experimentación con nuevas tecnologías. En muchos países del mundo, la TDT ya es la nueva normalidad, no una experimentación. ¿Qué cosas no podrían hacerse? Por ejemplo, la veintena de señales (públicas, pero sobre todo las privadas) que emite la TDA –Televisión Digital estatal- llegan a más del 35% de la población (de hecho, van a llegar al 100% pronto). Las señales privadas que transmite la plataforma estatal usan espectro sin haber participado de ningún concurso. Y eso, sólo por decir un par de cosas.
Podría hablarse aquí también de las promesas incumplidas de la ley: como por ejemplo, la posibilidad de que las cooperativas den TV paga (o mejor, triple play, telefonía y banda ancha incluidas). A tres años, NI UNA sola cooperativa de servicios públicos (que eran las que sufrían la discriminación) está dando TV paga (al menos hasta la semana pasada, la Coop. de Santa Rosa, con todo listo para arrancar, seguía esperando). Los trámites se traban en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), donde no tienen ni idea (como me aceptó el vicepresidente del organismo, que en realidad es el presidente en los hechos -cosas de la Argentina-) de qué analizar y cómo tramitar esos expedientes. El problema no es tanto donde las cooperativas compiten con Cablevisión o algún otro cableoperador grande sino donde la cooperativa quiere competir con cableoperadores pymes. ¿En ese caso, cuál es el monopolio amenazante? No lo pregunto yo, lo dicen muchos cableoperadores pymes que supuestamente están chochos con la ley de medios.
De más está decir que ningún sector económico (o por lo menos, no es lo habitual) tiene una norma antimonopilo propia como la que se ha creado para el de medios (que mezcla medios chicos con medios grandes, no distingue FM de AM, confunde generación de contenidos con distribución de contenidos, uso de espectro con vínculo físico -cable- y muchas otras cuestiones). Hay una ley de defensa de la competencia que no está reglamentada completamente y entre lo que falta reglamentar figuran los tribunales de defensa de la competencia que serían los organismos naturales que deberían intervenir en todos los casos de riesgo de monopolización. Mientras eso no se reglamenta (es mejor para el poder de turno tener el poder de autorizar o no la integración de poderes económicos, ¿no?), la CNDC -que depende del Poder Ejecutivo- tiene potestad para decidir por ejemplo, que Telefónica pueda controlar a Telecom, su principal competidor, y así manejar entre el 60 y el 80 por ciento del mercado de banda ancha, telefonía fija y móvil).
¿Los pueblos originarios? Después de haberlos usado, ya nadie parece escucharlos y ellos (los que están alfabetizados y no se mueren de desnutrición) se trenzan en una disputa por las autorizaciones para tener medios. ¿Quién puede estar en contra de que cada comunidad aborigen tenga sus medios, que hablen en su idioma, de sus costumbres, su música, sus temas…? Yo estoy a favor de que puedan hacerlo. La pregunta es… jurídicamente, ¿Qué es un pueblo originario? Los que siempre estuvieron inscriptos como tales en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) o las nuevas organizaciones que se anotaron en un registro creado ad hoc (algo de los que casi nadie habla). ¿Tupac Amaru califica como “pueblo aborigen”? Si alguien quiere chequear esto, busque Consejo Nacional Indígena en Google.
¿Y de las licencias que directamente puede entregar el Poder Ejecutivo en ciudades de menos de 500.000 habitantes?
Y los medios universitarios… ¡No fueron creados por la ley de medios! Argentina tiene una larga tradición en medios de comunicación universitarios (lo demuestran las radios y canales de las universidades nacionales del Litoral, de Córdoba y Tucumán; las decenas de FM de muchísimas casas de estudios -entre ellas la red que tiene la UTN- y las frecuencias de televisión UHF que desde los 90 tienen asignadas universidades como Luján y La Plata). Lo que le sigue faltando a los medios universitarios es financiamiento genuino: el mejor ejemplo es el de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT-UNC) cuyos programas estrella son 678 (en Canal 10 de Córdoba) y los noticieros de la señal privada CN23 (grupo Szpoloski-Garfunkel) que retransmite CBA24N la primera señal de noticias del interior del país (un proyecto buenísimo si no fuera que ahora dedica buenos tramos de su programación a seis-siete-ochizar a muchos colegas cordobeses).
Que la ley de medios es una ley de la democracia es verdad. Pero que otras leyes siguen siendo de dictaduras (algunas rancias) no es menos verdad: decreto-ley de telecomunicaciones, decreto-ley de minoridad, decreto-ley de creación del PAMI, decreto-ley de entidades financieras, el Código Aduanero (que sirve de marco legal a las retenciones a las exportaciones)… todas leyes clave sobre las que parece no hay necesidad de innovar.
En fin, me parece que la ley de medios debe analizarse en el contexto total: en el que no hay ley de acceso a la información ni ley de reparto de la pauta oficial, y tampoco hay ley de telecomunicaciones (la que hay es del 72!) -que permita más competencia, mejores servicios de conectividad y a menores precios-.
En conclusión: a los que se puede comprar, se los compra; a los que se pueden sostener financieramente por sí mismos, se los parte al medio; y a los que quedan, no se les permite acceder a la información pública. Ni Karadajián lo hubiese hecho mejor.
Hay mucha cháchara sobre la ley y poca visibilidad sobre su aplicación sesgada y ficticia. Les confieso que tanto explicar y explicar y explicar, cansa. Y mucho. Que tengan buenas noches.
